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Marta Mendiola Responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional – España

Nuestro objetivo es ambicioso. Queremos poner fin a los abusos de derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza. La Campaña pone de relieve que la pobreza es la peor crisis de derechos humanos, y que es causa y consecuencia de vulneraciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos pueden crear, aumentar o mantener la pobreza y vivir en la pobreza también puede hacer que las personas tengan más posibilidades de sufrir violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional quiere situar los derechos humanos en el centro de toda respuesta contra la pobreza. Pediremos a los Estados y a actores no estatales que garanticen el acceso sin discriminación a los derechos humanos, y la participación activa de las personas que viven en la pobreza en las decisiones que afectan a su bienestar. Exigiremos que los Estados instauren mecanismos efectivos de rendición de cuentas que aborden la impunidad que disfrutan los Estados y las empresas cuando las víctimas de violaciones de derechos humanos son personas que viven en la pobreza. Queremos promover el respeto a los derechos humanos como una de las vías para garantizar que la lucha contra la pobreza sea efectiva y sostenible.

¿En qué se va a diferenciar esta campaña de las que habitualmente realizan otras ONG, en particular de la campaña Pobreza Cero?

“Exige Dignidad” quiere subrayar que los Estados tienen obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos que tienen que cumplir en todas sus actividades de lucha contra la pobreza. Amnistía Internacional exigirá a los Estados que cumplan dicha normativa internacional al planificar, poner en marcha, hacer seguimiento y evaluar los proyectos y programas de lucha contra la pobreza. También consideramos que estas obligaciones son extensibles a otros agentes y a quienes actúan más allá de sus fronteras, incluidos las empresas y las organizaciones internacionales.

Exige Dignidad defenderá por lo tanto un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la pobreza. Enfoque que convierte las necesidades humanas en derechos exigibles que implican para los Estados una obligación de respetarlos y cumplirlos. Es decir, el respeto a los derechos humanos en la lucha contra la pobreza, no es algo opcional ni imposible. Es una obligación que los Estados han contraído.

La pobreza no es sólo falta de medios de vida básicos, es también sensación de vulnerabilidad y carencia de voz en la sociedad. Además de distribuir más equitativamente la riqueza, la solución pasa también por una redistribución del poder. ¿No crees?

Efectivamente, la pobreza es una combinación de privación, exclusión, inseguridad y falta de participación. En virtud de ese carácter multidimensional, un planteamiento para erradicar la pobreza centrado únicamente en el crecimiento económico es débil e insostenible.

Los derechos humanos son la mejor hoja de ruta para proporcionar protección y garantías contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado. Son una valiosa herramienta que permite que las personas que viven en la pobreza puedan cambiar el desequilibrio de poder que les mantiene en esa situación.

¿Cómo se articula vuestra contribución a erradicar la pobreza con la que realizan tradicionalmente las organizaciones de cooperación para el desarrollo?

En primer lugar es difícil homogeneizar las diferentes contribuciones y enfoques de las organizaciones de cooperación al desarrollo, ya que el tejido asociativo de la cooperación es muy diverso.

Amnistía Internacional viene a sumar esfuerzos en la lucha contra la pobreza y a aportar al trabajo ya realizado por otras organizaciones su estrategia ya aplicada en otras muchas campañas anteriores. La organización basará su trabajo sobre pobreza en el derecho internacional de los derechos humanos, que constituye su principal área de experiencia. Nuestra misión nos permite ocuparnos de todas las vulneraciones de derechos humanos (civiles, económicos, sociales, culturales y políticos), lo que facilitará que a través de nuestras acciones podamos demostrar los nexos que existen entre éstos y la pobreza. Este enfoque contribuirá a que los derechos humanos se perciban como una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza.

¿Veremos pronto el día en que una persona pueda reclamar a un tribunal su derecho a una vivienda digna de la misma manera que solicita protección frente a una detención arbitraria?

Existen ya numerosas experiencias jurisprudenciales de órganos judiciales regionales y estatales que demuestran el carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales. A nivel internacional, la adopción en diciembre de 2008 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales supone un hito histórico en el derecho internacional. Este nuevo instrumento posibilitará que las víctimas de vulneraciones de derechos como la salud, la vivienda o la educación puedan solicitar protección y reparación.

Ahora bien, la rendición de cuentas no debe reposar únicamente en los tribunales. La exigencia de responsabilidades a través de instituciones como el Parlamento, instituciones nacionales de derechos humanos, y órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, son a su vez mecanismos clave en el control, evaluación y vigilancia de políticas y prácticas que generan pobreza. Mecanismos de rendición de cuentas que deben ser accesibles sin ningún tipo de discriminación para todas las personas.