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¿Vale sólo la buena voluntad para intentar ayudar a personas con mayores limitaciones que las que nos consideramos “normales”? Desde hace años, la respuesta ineludible es “no”, pese a lo cual continúa habiendo malas prácticas y fuertes resistencias al cambio en la intervención con las personas con discapacidad intelectual.

Los inicios de la intervención con las personas con discapacidad intelectual (“idiotas”, “imbéciles”, “subnormales”… son algunos términos que se utilizaban en la época) se basaron en la caridad, en la beneficiencia, en absoluto era un derecho que tenía la persona a ser atendida y apoyada para superar sus limitaciones.

Afortunadamente, los tiempos han cambiado mucho y, actualmente, nos encontramos en plena eclosión de la Ley de Dependencia, un hito que ha inaugurado en nuestro país los derechos sociales de nueva generación y que va a redefinir por completo el mapa de la atención a las personas con discapacidad intelectual.

¿Están preparadas las entidades especializadas en la atención a la discapacidad intelectual y sus profesionales ante los nuevos retos que se plantean?, ¿sabrán adaptar sus organizaciones y su trabajo al nuevo panorama que se presenta?, ¿cabe el voluntariado en las estructuras altamente profesionalizadas que hay en la actualidad?

Las respuestas a estos interrogantes deben darse desde una perspectiva global, sin dejar de lado ninguna de las patas sobre las que se asienta la intervención con las personas con discapacidad intelectual:

• Entender, en primer lugar, el marco sociopolítico al que se dirige la atención a las personas con discapacidad intelectual (y, en general, a las personas en situación de dependencia).



• Orientar la intervención profesional desde los paradigmas más modernos de calidad de vida e individualización de los apoyos.



• Afrontar sin miedo el nuevo reto de dirigir la intervención hacia el cumplimiento de las metas vitales de la persona con discapacidad intelectual, en lugar de plantear objetivos parcelados a corto y medio plazo.



• Abordar de una vez por todas la exigencia de implantar sistemas de calidad en las entidades.



• Resituar al voluntariado dedicado a la discapacidad intelectual, de forma que represente realmente la participación de la sociedad civil.

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