Por Agustín Pérez (director de Ágora Social)
A veces da la impresión de que
las ONG disputan una carrera para ver cuál dedica menor porcentaje
de su presupuesto a los costes administrativos y a la generación de
recursos.
Quieren dar con ello la medida de su eficiencia
al dedicar el máximo de recursos al cumplimiento de su misión con el
mínimo gasto en captarlos y en gestionarlos. Son jaleados por los donantes,
muchos de los cuales tienen una visión muy poco realista de cómo funciona
una ONG, y sobre todo por los medios de comunicación, que no saben mucho
más que esos donantes mal informados.
Se trata de una competición absurda en la que las ONG
deberían negarse a participar. Seguir este juego puede ser altamente
perjudicial para la calidad de la gestión y, por consiguiente, para los
intereses de los beneficiarios y de los propios donantes.
Esta lid no puede desarrollarse en igualdad de condiciones.
Cada cual entiende una cosa distinta de lo que es un coste administrativo o
de captación. Unos pueden pensar que el alquiler del local es un gasto general
y otros que debe imputarse de forma alícuota entre los diferentes programas.
Cuando las actividades de captación de fondos tienen un significativo componente
educativo o están vinculados a una campaña de incidencia política, pueden
considerarse como gastos de programa, al menos en parte. ¿Cómo conceptuar el
gasto en un envío postal en el que se pide a los destinatarios que suscriban
una petición colectiva y envíen una donación en el marco de una campaña?
Por otra parte, cualquiera puede hacer trampas a la hora de
computar los gastos en uno u otro capítulo y no existe forma de detectarlas.
Una tercera razón, a nuestro juicio la más decisiva, es que,
aunque hubiera un acuerdo general sobre los conceptos y no se pudieran manipular
las cifras, la magnitud del porcentaje no dice mucho fuera del contexto específico
de cada organización. No es lo mismo una organización de cooperación para el
desarrollo de amplia base popular que maneja un alto presupuesto y tiene que
dedicar gran parte de él a sufragar los proyectos que una pequeña entidad cuya
misión es llevar a cabo investigaciones para promover la paz y que se financia
gracias a un puñado de mecenas.
En las organizaciones que manejan mucho dinero, los gastos
generales tienden a ser proporcionalmente más bajos que en las de menor presupuesto.
Por otra parte, los diferentes modelos de financiación afectan mucho al dinero que
hay que dedicar para recaudar y para administrar los fondos. Así, una organización
que tiene una amplia base social de donantes individuales tiene que gastar mucho más
dinero en captarlos y administrar las muchas donaciones que una organización que se
sustenta con las aportaciones de unos pocos financiadores.
Ningún modelo es mejor que otro por sí mismo. Luego el dato del
porcentaje por sí solo y mucho menos su comparación con otras organizaciones de la
más diversa índole carecen de sentido. Si una organización ve que la comparación no
le favorece, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Renunciar a tener una amplia base popular
porque resulta más costoso administrar donaciones modestas que las aportaciones de un
puñado de grandes donantes? ¿No realizar auditorías contables para recortar gastos
administrativos a costa de relajar los controles? ¿Reducir el esfuerzo en justificar
las subvenciones o las donaciones recibidas para disminuir la “burocracia” asumiendo
el riesgo de que los financiadores pierdan confianza?
Lo que tienen que hacer las ONG, a nuestro juicio, es explicar a
los donantes cómo gastan su dinero y por qué lo hacen así. Decirles que olviden las
comparaciones. Explicarles el valor de captar más recursos para mejorar la capacidad de
actuación de la organización con una perspectiva estratégica y de gestionar bien los
recursos para aprovecharlos bien y dar debida cuenta de su gestión.
Por supuesto que cada ONG tiene que examinar cómo racionalizar sus
gastos generales y optimizar sus presupuestos de captación de recursos. La mejora en
este aspecto debe ser una preocupación permanente, más allá de los casos en que estos
gastos sean ciertamente desorbitados. Es del todo lícito que una ONG se plantee que,
antes o a la vez que busca mayores ingresos, también ha de reducir sus gastos de una
forma en que no afecte a la calidad de su trabajo.
Debemos educar a los donantes y a los periodistas, que no tienen
por qué saber cómo funcionan las ONG, para que sepan valorar su gestión en la
singularidad de cada organización. Participar en la loca carrera por reducir los costes
de administración y captación sólo para ocupar un puesto de honor entre las ONG
supuestamente más eficientes es caer en una trampa de demagogia e ignorancia.
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